La normativa, que entrará en vigor el 1 de julio, obliga a las clínicas a acreditar en un plazo de seis meses que solo personal con la formación adecuada realiza estas intervenciones. Se trata de una respuesta clara a la alarma social generada por operaciones realizadas por médicos sin especialidad y a un precedente judicial que tumbó la orden ministerial de 2023 por carecer de rango suficiente.

Las cifras hablan por sí solas: en 2023 existían 1.262 clínicas de cirugía estética y al menos 1.638 cirujanos con la especialidad. Dado que muchos centros cuentan con varios médicos, no todos ellos eran especialistas, lo que evidencia que el cumplimiento del nuevo decreto supondrá un auténtico terremoto en el sector. Clínicas y profesionales deberán adaptarse rápidamente a un escenario donde la experiencia no bastará para justificar la práctica de cirugías estéticas.

La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) ha llegado a calcular que el 90% de los cirujanos estéticos no son especialistas en plástica. Es una aproximación imprecisa y difícil de contrastar, que además no tiene en cuenta qué facultativos hacen cirugías estéticas relacionadas con sus especialidades.

El Real Decreto no solo define quién puede operar, sino también cómo deben funcionar las clínicas. Estas deberán mantener información actualizada sobre la formación y especialidad de todo su personal sanitario y garantizar que los nuevos profesionales conozcan las prácticas seguras implementadas para proteger al paciente. Además, se establecen mecanismos de control y un plazo de un año para que las comunidades autónomas adapten su oferta asistencial a los nuevos criterios.